Para Agmer, un posible acuerdo con el gobierno debe incluir cláusula gatillo

“Es lo que nos permite no perder respecto a la inflación”, dijo el titular de Agmer sobre la posibilidad de incluir una cláusula de actualización de haberes en un eventual acuerdo con el gobierno.

 

En el marco del Plenario de Secretarios Generales, el titular de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Marcelo Pagani, señaló que “es un plenario deliberativo y no resolutivo”.

Sobre las negociaciones con el Ejecutivo, indicó que “quedamos el martes en el compromiso del gobierno de convocarnos nuevamente en la mesa de diálogo para la semana que viene. A partir del siguiente encuentro sería en el marco de una paritaria”.
El dirigente ratificó que los docentes perdieron “el 14,6 por ciento de poder adquisitivo” respecto al año pasado. “La condición necesaria para discutir salarios de 2019, es ponernos a tono con esa pérdida. Discutiremos cómo”, expresó.

El gremialista aclaró que el normal inicio de clases “tiene que ver con lo provincial pero también con lo nacional, donde Mauricio Macri tiene clausurada la paritaria. Habrá un congreso de Ctera, por lo que de eso también dependerá” que las clases se inicien sin paros.

 


Declaración del Consejo de Secretarios Generales de AGMER

El Consejo de Secretarios Generales de AGMER, reunido en la ciudad de Paraná este jueves 7 de febrero de 2018 y tras haber analizado la actual situación de la clase trabajadora, da a conocer ante la docencia entrerriana, los gobiernos nacional y provincial y a la comunidad en general la siguiente declaración:

El Consejo de Secretarios Generales de AGMER, reunido en la ciudad de Paraná este jueves 7 de febrero de 2018 y tras haber analizado la actual situación de la clase trabajadora, da a conocer ante la docencia entrerriana, los gobiernos nacional y provincial y a la comunidad en general la siguiente declaración:

 

Tal y como hemos venido observando con notoria preocupación en los últimos años, el costo de vida en nuestro país se ha visto fuertemente afectado por una inflación que alcanzó durante 2018 su mayor porcentaje histórico en casi tres décadas, sumado esto al hecho de que el sostenido incremento en los precios es incluso mayor entre los productos de primera necesidad que componen la Canasta Básica Alimentaria, a la vez que se consolida el aumento descontrolado en las tarifas de los servicios públicos y el valor del combustible. Esto golpea a toda la población, pero de manera especial a los trabajadores y a los sectores más vulnerables.

 

La acuciante situación que atravesamos las y los argentinos, caracterizada entre otros aspectos por la pérdida de miles de puestos de trabajo y el aumento de la desocupación y la pobreza, es consecuencia directa de una política económica y fiscal que ahoga al sector productivo nacional y pone en gran peligro el futuro de numerosas generaciones de compatriotas.

 

A raíz de esto, se han visto profundamente restringidos varios derechos fundamentales, al mismo tiempo que otros se encuentran visiblemente amenazados. En efecto, al desfinanciamiento en áreas sensibles como salud y educación pública se suman la marcha atrás en políticas de promoción y desarrollo social. Remarcamos que esto que nos encontramos describiendo no es en absoluto el resultado de improvisaciones o errores en las proyecciones por parte de quienes manejan el poder, sino que se trata lisa y llanamente del objetivo que se han trazado en el marco de un plan de gobierno que excluye a la mayor parte de las y los argentinos para poder satisfacer los intereses de una minoría privilegiada, la misma que a lo largo de la historia se ha llevado la tajada más grande en el reparto de los beneficios en nuestro país. Un plan que cierra con un endeudamiento externo feroz que, en apenas tres años, ha hipotecado el futuro de generaciones de argentinos y entregado la soberanía nacional a los organismos multilaterales de crédito.

 

Además, reiteramos que el paquete de medidas de ajuste y subordinación a los negocios del gran capital que ha definido el Poder Ejecutivo encuentra complicidad directa en amplios sectores del Congreso de la Nación, donde se convalida en términos legislativos el saqueo por medio de normas de carácter regresivo y antipopular. E intenta –además- disciplinar a los gobiernos provinciales. En este sentido manifestamos: los gobernadores que negocien salarios a la baja, que no respeten los compromisos asumidos en lo referente a no perder ante la inflación, que mandan a sus diputados y senadores nacionales a convalidar las políticas de saqueo que lleva adelante el Ejecutivo Nacional, serán igual de responsables de uno de los mayores desastres económicos y sociales en la historia de nuestro país.

 

También advertimos en nuestra provincia, el decreto 4407/18 del Poder Ejecutivo provincial, sobre fumigaciones en inmediaciones de las escuelas, que no respeta el fallo del Supremo Tribunal de Justicia, la cual es una  medida que acompaña el rumbo extractivista del gobierno nacional, y cuya derogación exigimos de inmediato.

 

El poder económico y sus mandaderos políticos al frente del Estado han resuelto de forma deliberada, con el aval mezquino de los grandes medios de comunicación, construir discursivamente al enemigo entre las organizaciones sindicales y sociales, con el firme propósito de encontrar un chivo expiatorio que les permita justificar el endeudamiento que nos está llevando de manera directa al desastre. Insistimos “acá no sobra ningún trabajador” y a la vez denunciamos el crecimiento de la desocupación y la pérdida de miles de puestos de trabajo a causa de los despidos y cierres de áreas sensibles en el estado, unidos a una política que ha llevado a la quiebra y el cierre de miles de pymes en todo el país.

 

Por esta razón, ratificamos una vez más el camino de unidad en la lucha que hemos trazado junto a amplios sectores del movimiento obrero a través de los sindicatos y los movimientos sociales, despiertos y organizados para resistir y enfrentar el feroz ajuste que vivimos.

 

De manera puntual, demandamos al gobierno de Mauricio Macri la urgente apertura de la paritaria nacional docente y convocatoria a discusión a la CTERA y los demás sindicatos nacionales.

 

Al mismo tiempo exigimos al gobierno de Gustavo Bordet la presentación sin demoras de una propuesta de recomposición salarial que contemple de modo realista el aumento en el costo de vida. Reafirmamos lo planteado en la reunión del día 5 de febrero pasado con el gobierno provincial donde exigimos la inmediata “recuperación del 14,6% de desfasaje entre el incremento salarial y la inflación anual de 2018”. Y demandamos respuesta salarial hacia el año 2019 que superen la calidad del pasado acuerdo paritario.

 

Afirmamos que será el gobierno el único responsable de un eventual no inicio del ciclo lectivo si dilata los tiempos para la resolución de estas demandas.

 

Exigimos la devolución de lo descontado por ejercer el derecho a huelga y la urgente convocatoria a la comisión para la equiparación salarial de directivos de primaria y secundaria, la actualización de los montos de las partidas para limpieza y comedores escolares.

 

Por último exigimos al CGE la convocatoria a concurso de cargos directivos de escuelas NINA, como ha demandado históricamente nuestro sindicato.

 

Suscriben esta declaración los Secretarios Generales de las Seccionales de AGMER de los 17 departamentos de la provincia:

Colón, Concordia, Diamante, Federación, Federal, Feliciano, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, La Paz, Nogoyá, Paraná, San Salvador, Tala, Uruguay, Victoria y Villaguay.