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El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) oficializó una medida que marca un cambio significativo en la logística del Plan Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa. A través de la Resolución 201/2026, el organismo autorizó que los titulares de establecimientos agropecuarios (RENSPA) puedan seleccionar y contratar libremente a veterinarios privados para llevar adelante las campañas de vacunación.
Esta nueva normativa, que entrará en vigencia el 1 de enero de 2027, busca descentralizar la prestación de servicios sanitarios bajo la supervisión estatal, reconociendo el rol de los profesionales independientes en el control de la fiebre aftosa y la brucelosis bovina.
Hasta el momento, las campañas oficiales se gestionan principalmente mediante planes locales y entes sanitarios. Con el nuevo régimen, el productor podrá acordar con un veterinario acreditado no solo la aplicación de la dosis, sino también su compra y conservación.
Sin embargo, para garantizar la seguridad sanitaria, se han establecido condiciones estrictas:
Acreditación: Los veterinarios deben poseer la acreditación vigente ante el SENASA para ambas enfermedades (aftosa y brucelosis).
Cadena de frío: El profesional será responsable de adquirir las vacunas en laboratorios, importadores o establecimientos habilitados, asegurando que el producto mantenga las condiciones de frío necesarias hasta el momento de su aplicación.
Asignación por defecto: Aquellos productores que no designen a un veterinario privado de manera fehaciente seguirán vinculados automáticamente al Ente Sanitario de su jurisdicción, garantizando que ningún animal quede sin vacunar.
A pesar de la apertura hacia el sector privado, el SENASA mantendrá su rol de fiscalizador. Para ello, se están adecuando las herramientas informáticas del organismo. Los veterinarios deberán registrar las actas de vacunación a través de sistemas de autogestión, lo que permitirá garantizar la trazabilidad de cada dosis aplicada y la transparencia en las campañas sanitarias.
Esta actualización normativa no elimina los registros existentes, sino que moderniza la participación profesional, ofreciendo más alternativas al sector productivo sin descuidar el estatus sanitario nacional.
