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La preocupación en el entramado productivo de Entre Ríos pasó de los rumores a los hechos concretos en un cierre de junio y principio de julio que sacudió con fuerza al sector manufacturero. El foco de tensión principal se instaló en el sur provincial, donde las notificaciones de despidos masivos dejaron a decenas de familias en la calle y encendieron las alertas de los sindicatos y las autoridades laborales.
El golpe más duro se registró en la planta de la fábrica de baterías Unionbat, ubicada en Gualeguaychú, que dispuso el despido de 105 trabajadores. La decisión de la firma tomó por sorpresa al personal, que se topó con un escribano en la puerta del predio fabril para impedir el ingreso del turno del mediodía, mientras que otros empleados recibieron la noticia mediante mensajes de WhatsApp. Ante la gravedad de la situación, que amaga con el cierre definitivo de las instalaciones, los operarios iniciaron un acampe en las puertas de la fábrica para defender sus puestos de trabajo y exigir el pago total de las indemnizaciones, dado que la empresa manifestó intenciones de abonar apenas el 50 por ciento de lo que dicta la ley.
A este escenario complejo se sumó la realidad de Laboratorios Pyam, otra firma emblemática radicada en el mismo parque industrial. Allí se efectivizaron 11 nuevos despidos en la última semana, los cuales se acoplan a otras 9 bajas que la empresa había ejecutado el mes pasado, acumulando un total de 20 desvinculaciones en un período muy corto. En este caso, la Secretaría de Trabajo de la provincia intervino de oficio y dictó la conciliación obligatoria por 15 días, obligando a las partes a retrotraer la medida y sentarse a negociar, lo que devolvió temporalmente la actividad a la planta pero sin despejar los temores de fondo.
Los representantes gremiales del sector químico y metalúrgico sostienen que la actividad en varias de estas líneas de producción venía sosteniéndose de forma habitual y desmienten los argumentos empresarios que justifican los recortes por falta de tareas. Asimismo, advierten que los salarios arrastran meses de atrasos y pagos en cuotas, un esfuerzo que los trabajadores venían afrontando para sostener la continuidad de las compañías.
La acumulación de conflictos laborales, que también suma tensiones indirectas en gigantes avícolas como Granja Tres Arroyos y en locales comerciales de los centros urbanos de Paraná y Concordia, delinea un panorama sumamente complejo para el empleo de calidad en las economías regionales. La provincia transita semanas decisivas en las que la intervención estatal intentará poner un freno a una sangría de puestos de trabajo que amenaza con extenderse a otros puntos del mapa industrial entrerriano.
