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El conflicto se intensificó luego de que el gobierno provincial anunciara un aumento salarial por decreto, que incluye un incremento del mínimo docente a $450.000, un aumento del 5% para julio, y una suma fija de $120.000 en tres pagos. Sin embargo, los gremios consideran que esta oferta es insuficiente para compensar la inflación y mejorar las condiciones de vida de los docentes.
Agmer ha expresado que el gobierno ignora las demandas elaboradas por las asambleas docentes en toda la provincia y ha criticado el uso de un discurso que consideran agresivo por parte de las autoridades2. Según el comunicado de Agmer, “el gobierno de la provincia traspasa una línea muy peligrosa” al desconocer la voluntad de los trabajadores de la educación.
La medida de fuerza afecta tanto a las escuelas públicas como privadas, y se enmarca en una serie de huelgas que los gremios docentes han sostenido durante el segundo semestre del año. Los docentes exigen que los incrementos salariales sean remunerativos y bonificables, y que alcancen a todos los trabajadores, tanto activos como jubilados2.
