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La sanidad ganadera argentina, un pilar construido durante décadas, se encuentra en el centro de una creciente polémica. A través de un documento oficial, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) manifestó su total rechazo a la reciente resolución que busca habilitar a veterinarios privados para la aplicación directa de la vacuna contra la fiebre aftosa, desplazando el actual esquema de Fundaciones y Entes Sanitarios.
La entidad presidida actualmente por el dirigente de Gualeguaychú, Sergio Dalcol, defendió el modelo vigente, destacando que ha permitido garantizar una cobertura vacunal superior al 95% en plazos breves, asegurando además la cadena de frío y el control técnico necesario. Según la entidad, fragmentar este sistema debilitaría los controles y pondría en riesgo la inmunidad de rodeo alcanzada.
"Habilitar la aplicación de manera directa podría fragmentar el sistema. No podemos olvidar experiencias anteriores donde esquemas desregulados generaron graves problemas de cumplimiento", advirtieron desde la federación provincial.
Uno de los puntos más sensibles del reclamo radica en el carácter solidario de las Fundaciones. Bajo el esquema actual, se garantiza que tanto los pequeños productores como los establecimientos en zonas de frontera reciban la inmunización. FARER sostiene que, en un sistema totalmente individualizado y basado en una "lógica economicista", estos sectores quedarían en clara desventaja, creando "puntos ciegos" sanitarios que podrían facilitar el reingreso del virus.
El comunicado va más allá de la logística y plantea una seria advertencia política. La dirigencia ruralista sospecha que el Gobierno nacional tiene decidido modificar, en el corto plazo, el estatus sanitario para pasar a ser "país libre de aftosa sin vacunación".
Para FARER, esta medida se toma "de espaldas a los productores" y pone en peligro el posicionamiento de la carne argentina en los mercados más exigentes del mundo, justo en un momento de expansión comercial para el sector.
"La sanidad del rodeo es estrictamente una cuestión técnica, no política", concluye el texto. La entidad entrerriana exige que cualquier modificación sea debatida con los actores del sector y se base en evidencia científica sólida, para no tirar por la borda años de trabajo responsable en el campo argentino.
