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En la reunión, en la que se decidió mantener el estado de alerta y movilización, se convocó a una asamblea general a todas las entidades de base para el próximo 8 de julio en la ciudad de San Salvador.
Los federados, se quejaron que "el Gobierno de Entre Ríos ha adoptado tibias medidas de ayuda para el sector, muchas incluso con aportes de recursos nacionales de la emergencia del año, que hasta la fecha no se han concretado, a pesar de las extremas condiciones que viven los productores entrerrianos, por la enorme burocracia existente que no permite que el chacarero tenga acceso a las escasas medidas que se han tomado en materia de ayuda".
Asimismo, opinaron que "hasta ahora, tampoco el sector financiero ha dado respuestas que estén a la altura de la crisis. Siguen las restricciones para el financiamiento, como lo son las comunicaciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que castigan y discriminan al agricultor, a tal punto que la tasa usuraria que se cobra, en emergencia o desastre agropecuario, es del 114 % anual".
Por último, se supo que "la Federación Agraria Entre Ríos solicitará que el plazo de la emergencia agrícola en la provincia se extienda por 12 meses más, hasta el 30 de junio de 2024, atento que la capacidad productiva de los productores, recién desde la próxima cosecha gruesa, tendrá una mínima recuperación".
